Joseph E. Stiglitz habla de las puertas giratorias. Esas que se abren a directivos de lo privado que pasan a lo público y de lo público a lo privado. El remolino de las puertas y sus transeúntes contamina lo público y favorece a lo privado por el procedimiento de las transferencias de rentas (para continuar con la terminología del Nobel); es decir, por la concesión de beneficios (o si se quiere, subvenciones) de los fondos públicos a los bolsillos privados.
Esas puertas giratorias, además, desprotegen el edificio común imponiendo criterios uniformes –el mito de la eficiencia privada, por ejemplo– que amparan los intereses de unos (muy) pocos y abocan, para colmo, a medio y largo plazo a la entrega absoluta o el sometimiento de lo que era propiedad de todos a esos (muy) pocos.
El proceso que vive la sanidad en España resulta absolutamente de libro (de libro de Stiglitz, para que no haya dudas). El funcionamiento de las puertas giratorias, la infiltración de agentes privados en lo público para luego absorber lo público desde lo privado, mediante irregularidades múltiples, generadoras de cuantiosos beneficios, lo ha ejemplificado la sanidad catalana, la dependiente de la Generalitat. Las denuncias reiteradas y documentadas de una revista, Café amb Llet, acabaron en sanciones a la publicación sin la más mínima réplica a sus argumentos.
En estos asuntos de los intereses de los (muy) pocos, la patria (o el nacionalismo) es una excusa, como pone de manifiesto la rápida emulación de la Comunidad de Madrid, que ha corrido a implantar su propio pasadizo giratorio al amparo de la externalización (así llaman a la privatización) obligatoria de la sanidad pública.
Juan José Güemes, ex–consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid hasta marzo de 2010, inició el proceso privatizador madrileño. Una vez puesto en marcha el invento, abandonó la política y, poco después, se incorporó al Consejo de Administración de una importante empresa sanitaria, con vínculos multinacionales, que se acaba de hacer cargo de la gestión de los servicios que el entonces consejero transfirió a agentes privados.
No importa tanto si es legal o estético este proceso giratorio, sino saber que ahí se resume la política sanitaria a la que estamos abocados: la que impone el PP, con Esperanza Aguirre a la cabeza e Ignacio González en la recámara. O con otros. La que también ha impuesto la Generalitat de CiU, la del derecho a decidir.
