50.000 trabajadores fijos de las administraciones públicas están en riesgo de despido. El Gobierno, como quien no quiere la cosa, ha colado de tapadillo una enmienda en el Senado que les aboca, o puede abocarles, a una indemnización sin mayores explicaciones de entre 8 y 12 días por año trabajado.
¿Quiénes son? Los que consiguieron la fijeza como consecuencia de la mala gestión de sus contratos por parte de los gestores públicos: porque se les encomendaron tareas que no les correspondían, porque fueron despidos sin garantías o porque se les utilizó al margen de la fórmula legal bajo la que se les contrató.
Es cierto que este procedimiento se convirtió muchas veces un coladero para colocar a afines y que los sindicatos, con frecuencia, contribuyeron a legalizar sin pudor ni escrúpulos en beneficio de sus adeptos, pero también fue una conquista de quienes, pese a su compromiso público, se vieron desposeídos del derecho a trabajar por no pertenecer a una organización o a un linaje.
En ese caso, los afectados, tras alcanzar la resolución judicial favorable, se vieron perseguidos en muchas ocasiones por los de toda la vida, los de quienes se quienes se consideraron detentatarios de un derecho superior (y con frecuencia, un deber inferior) y, en especial, por los sindicatos que ampararon la legitimidad de la casta o la familia. Como muestra ahí queda el último caso publicado: los parentescos detectados en el Tribunal de Cuentas entre muchos de sus trabajadores; una realidad perfectamente reproducida en numerosas administraciones y organismos.
En muchos centros públicos (por ejemplo, en RTVE), sobre todo cuando llegan rumores de dificultades económicas, los que alcanzaron el puesto –muchas veces, gracias al enchufe– mediante dudosa oposición desatan la furia contra los externos. Lo hacen a través de las hojas volanderas sindicales que señalan a los espurios, marcan a los impuros, delatan a los que han de ser extinguidos, pese a la incuestionable legalidad de su situación.
Esos 50.000 ahora contabilizados por el gobierno se encuentran en riesgo de ejecución por razones económicas y por razones étnicas. Dentro de sus lugares de trabajo no van a encontrar defensa por lo uno (si caen ellos, otros supuestos compañeros se sentirán a salvo) ni, sobre todo, por lo otro: la mafia defiende a la familia. Y el gobierno en estos casos, tan bien entrenado, ejecuta.
