Se armó una buena el día que se supo que numerosos parlamentarios europeos participaban en un fondo de pensiones alojado en una Sicav en Luxemburgo y con una bajísima cotización al fisco. Muchos fueron los señalados y sólo el máximo representante de IU en el Parlamento Europeo, Willy Meyer, tras darse por aludido, tomó las de Villadiego y se fue a su casa.
Ejemplar, después del fiasco, se dijo.
Días después, escucho a alguien que explica lo ocurrido.
En Luxemburgo las sicav se corresponden exactamente con fondos de pensiones, tienen carácter público y, efectivamente, una baja carga fiscal, entre otras razones porque Luxemburgo es así (algo muy parecido a un paraíso fiscal).
Esa misma persona explica que las Sicav en España tienen carácter privado y, por tanto, no instrumentos que favorecen determinadas actividades públicas sino que procuran beneficios a particulares acaudalados y evitan la cotización que tales patrimonios deberían aportar al Estado.
Añade el experto: si las pensiones de los parlamentarios españoles en la Sicav luxemburguesa (tan solo un fondo de pensiones público) se hubieran depositado en uno español, aún pagarían menos a Hacienda, por las deducciones fijadas para ese tipo de cosas.
¿Entonces cuál era el problema?
Haylos, pero matizables. El mayor de todos, sin duda, que Willy Meyer no declaraba su fondo de pensiones a Hacienda.
¿Y por qué hablo antes de informarme?
La explicación de José Carlos Díez me hizo reflexionar sobre esto último. No sé si a otros. A quien le preguntaba, no.
