Se sabía que les iban a buscar las vueltas, que iban a remover documentación y archivos a la búsqueda de argumentos para descalificar a quienes acusaron a la casta y a la caspa; a quienes, en contrapartida, se propusieron como puros e inmaculados, aun a sabiendas de que el riesgo de desvíos o desvaríos no excluye a ningún colectivo, porque eso está en la naturaleza y en la educación de los humanos (más o menos).
Ya les pasó a otros. Desde UPyD, con su lideresa implicada en comportamientos poco plausibles, a IU, a la que le han florecido mamoneos, tarjetas black, y otras vergüenzas. Sin embargo, con ellos hubo cierta condescendencia en determinados ámbitos, porque sus deslices no amenazaban al poder, no discutían la hegemonía del tablero o, aún más, ayudaban a ratificarla. Con Podemos la cosas es muy distinta..
Puede decirse que el caso Errejón detectó irregularidades de las que nadie está exento, pero que embarran el campo. Y que Tania Sánchez tampoco va salir indemne de la persecución y las divisiones internas en IU, con el agravante de sus vínculos personales con Podemos. Vale eso, aunque sea cuestiones minúsculas, porque fueron ellos mismos, con descalificaciones no siempre matizadas, los que fijaron la altura del listón que ellos mismos se obligaban a saltar. No les puede sorprender, porque esa fue la razón fundamental para escapar de la participación en las próximas elecciones municipales, porque ese parece ser el argumento para haber transformado el modelo abierto, participativo, circular del partido en un formato gobernado por un líder o una nomenclatura absoluta.
El afán por encharcar el terreno de juego, de oscurecer el campo de visión con chorros de tinta, no admite réplica. ¿Tenía otro objetivo el informe del fiscal del Tribunal de Cuentas: «La fiscalía ve indicios de delito en las finanzas de todos los partidos»? La información no desmentía el titular, pero lo matizaba de manera relevante. No hay equivalencia entre las irregularidades de unos y otros. Pero la información solo enumera ni siquiera analiza que propósito puede mover a los autores, miembros de un órgano endogámico, desprestigiado y corrupto, y de una institución vinculada al poder político. Ni siquiera se cotejaron las precisiones realizadas por los partidos interesados al informe previo, convertido en definitivo. El enfoque asumido por el periódico forma parte ya del argumentario defensivo de los partidos más manchados por la corrupción.
El editorial, «Partidos manchados», corrobora lo anterior. Y la vuelta de tuerca del día siguiente, la culminación de la furia: “El fiscal pide más datos sobre los delitos que ve en la finanzas de los partidos”. En la suma de irregularidades se incorpora a Podemos, porque no pudo identificar todos los ingresos llegados por crowdfunding, una irregularidad que, según la información, se puede elevar a 886,12 euros, aunque el problema se basa en que “El tribunal alerta del vacío legal sobre las donaciones a los partidos por Internet”.
Nadie que haya trabajado en la administración está exento de algún percance que el paso y el repaso del algodón detecta. Nadie que haya gestionado recursos públicos puede proclamarse inmaculado, asegurar un respeto escrupuloso de los procedimientos y, simultáneamente, una gestión eficiente que garantice la calidad del servicio y su coste razonable. No es posible. Los procedimientos públicos son un galimatías, están diseñados para la ineficiencia y hasta para el absurdo; en consecuencia, o se peca por incurrir en sobrecostes o por falta de rigor en el mecanismo. No hay otra.
Recuerdo algunas conversaciones con altos cargos de la administración desesperados por esa disyuntiva perversa. ¿Cómo comprar unos simples lápices cuando, de manera imprevista, se acaba la reserva de los que estaban guardados en el almacén? Expediente público, solicitud de ofertas, mesa de contratación… Mejor salirse por la tangente, incluida la posibilidad de pagar los lápices como si fuera una comida de compromiso. ¿Cómo sortear, reglamento en mano, las retorcidas revisiones de precios que las empresas imponen a las instituciones, so pena de renunciar a la inversión prevista? ¿Cómo reconocer el interés de un proyecto e incluso su precio razonable sin acudir a la falsificación de tres presupuestos convenidos de antemano? ¿Cómo…?
El listón se fija donde cada cual quiere y es razonable que a quien lo coloca muy alto se le exija por su propio baremo. Un concejal de Alicante, portavoz del PSOE, dimitió porque había recomendado a un empresario a una amiga sin trabajo y en difícil situación económica. “Los demás ciudadanos de Alicante, tenían el mismo derecho”, comentó cuando se supo del enchufe y anunció su renuncia de un ayuntamiento repleto de corrupciones gruesas.
¿Es posible defender urbi et orbi ese criterio? A un senador acusado de haber colocado a su esposa en el ayuntamiento de Salamanca, el juez desestimó su demanda (aunque el ingreso de la funcionaria mediante concurso publico fue anterior al cargo del marido) porque qué cosa más elemental, natural y razonable que un marido recomiende a su mujer. ¿Qué otra cosa es la finalidad del matrimonio?, se preguntó –o eso pareció– el juez.
Visto lo visto, y vista la comprensión popular y legal de los chorizos, convendría afinar en los matices, para conservar la decencia.
Nota. En aras de los matices percibo que no es lo mismo el caso de Errejón que el de Tania Sánchez, cada vez más parecido, salvadas las distancias, a Ana Mato, la infanta Cristina o cualquier otra ignorante de lo que ocurre en su casa.
