Si un ciudadano cualquiera emplea su posición, su influencia o, a falta de otros recursos, sus propios puños para hacer valer su criterio o sus intereses ante las instituciones del Estado, ya sea en el ámbito ejecutivo, en el legislativo o en el judicial, se procederá contra él para hacerle desistir de su conducta o, en caso de reincidir, para tomar las medidas legales que procedan.
Si el ciudadano en cuestión fuera extranjero, se actuará, cabe suponer, de similar manera y, si fuera posible, se planteará su expulsión fuera del territorio donde haya tratado de interferir contra la libertad y la independencia de los representantes democráticamente elegidos y de las instituciones públicas.
Sea. ¿O no?
Si todo lo anterior lo hace la representación diplomática de un país extranjero, entonces, ¿qué?, ¿nos aguantamos?
La embajada de Estados Unidos en España lo ha venido haciendo, según sabemos ahora de manera fehaciente, desde hace varios años, aunque cabe suponer que desde toda la vida. Nos atenemos a los hechos que ellos mismos se reconocen internamente y que Wikileaks nos ha descubierto con sus clamorosas fugas. Han presionado al Gobierno, a los partidos políticos, a la judicatura y, según ellos, con éxito. No se trata de una acusación de terceros, sino de un reconocimiento de parte, ratificado con orgullo, en este caso mediante carta oficial, por uno de los embajadores de aquel gran país.
Enorme país, por su extensión, mas no por su comportamiento. El Estado que le representa demuestra un nulo respeto al Estado de Derecho ajeno, salta a la vista, y lo mismo intriga, amenaza y afrenta al presidente del Ejecutivo que al líder de la Oposición, al fiscal general o a los jueces del Supremo y la Audiencia Nacional.
Esa es, sin duda alguna, la gran enseñanza de la formidable fuga que ha exhibido Wikileaks. Y entonces, ¿por qué no se ha expulsado de España a los representantes diplomáticos estadounidenses?, ¿por qué no se ha cerrado la Embajada? Sería lo menos. ¿O no?
Pues, no. Porque en España han hecho lo mismo que en todos los países que pisan o han pisado. ¿Por qué, entonces, todos esos países no piden su expulsión de los organismos democráticos internacionales?
¡Go home! por unanimidad universal.
Pues, tampoco. Mi propuesta debe ser, en el mejor de los casos, una boutade y en cualquier circunstancia una estupidez. Por eso a nadie se le ha ocurrido plantear semejante majadería. Porque, ¿qué otra cosa es la diplomacia?, ¿qué otra cosa deben hacer los representantes de otros Estados? Estas preguntas, así formuladas, las he escuchado insistentemente en los púlpitos de nuestros predicadores.
¿Y por qué, entonces, digo yo, si un ciudadano hace diplomacia por su cuenta le pueden meter en la cárcel, salvo que sea predicador?
