Los enfermos de hepatitis C se han movilizado para exigir su tratamiento con Sovaldi, el medicamento que puede curarles de su enfermedad. Nadie les puede discutir la urgencia y el derecho al mejor tratamiento posible.
El Gobierno, sin embargo, ha remoloneado, poniendo límites presupuestarios y restricciones a la prescripción del fármaco, ante el abusivo precio del Sovaldi y las dudas que aún se plantean sobre su eficacia.
Los partidos políticos se han echado al cuello gubernamental. Solo Podemos ha quebrado tanta uniformidad oportunista, destacando que la farmacéutica Gilead vende el Sovaldi a España 180 veces más caro de lo que le cuesta producirlo y reclamando una actitud firme de gobiernos y grupos sociales contra un abuso que lesiona gravemente a los enfermos.
El PSOE y todos los demás exigieron al Gobierno una solución urgente sin considerar el exceso de la farmacéutica, que atenta contra la salud de centenares de miles de personas y contra la razón de ser de una sociedad condescendiente con este tipo de aberraciones o, si se quiere, directamente, atentados contra uno de los derechos más elementales.
Solo la presidenta andaluza y algún dirigente de IU se sumaron a lo sugerido por Podemos. Susana Díaz ha planteado la necesidad de un acuerdo europeo que facilite la expropiación de la patente, pero antepuso la obligación de atender las demandas de los pacientes al precio que sea.
Los medios de comunicación apenas han aludido al expolio de la farmacéutica y han abundado en el conflicto entre pacientes y gobierno. La bronca, en definitiva, es lo que importa a la mayoría. La salud es lo de menos. La atención a los pacientes, una formidable excusa para parecer comprometidos con la ciudadanía. Pero del derecho o la equidad, mejor no hablar.
