El trastorno argumental que parece padecer el juez Juan Carlos Peinado es apreciable a simple vista, porque él mismo ha autorizado la grabación de su interrogatorio al rector de la Universidad Complutense de Madrid. El contraste entre la actitud del académico, sumiso ante las reprimendas larvadas del magistrado, y la del enjuiciador, con su tono altanero, pone de manifiesto que uno corre el riesgo de ser encausado y otros exhibe el poder mayúsculo de condenar a sus semejantes, como ya han demostrado reiteradamente algunos corregidores que exudan impunidad. ¿Al señor juez quién lo condena?, interrogaba la copla que se hizo reivindicativa y popular.
Resulta contradictoria la impunidad que exhiben algunos (o muchos) magistrados frente al mero raciocinio o la simple legalidad. Sobre todo, si se compara con el asedio que ellos aplican a quienes, como mínimo, cuentan con el aval de un proceso de selección democrático (con todas sus enormes imperfecciones). Las reprimendas del Constitucional a los jueces ordinarios e incluso al Supremo por el caso de los EREs andaluces o al de los condenados por el Proçés ponen en tela de juicio al sistema judicial.
Peor aún, porque… ¿Con estos jueces para qué queremos leyes? O al revés. ¿Con estas leyes para qué queremos jueces?
