La reforma laboral incluye medidas que parecen mas bien de limpieza étnica. Lo parecen y no habrá que esperar mucho para confirmar que lo son.
Por ejemplo, la posibilidad de despedir a los altos cargos de las empresas publicas con siete días de indemnización por año trabajado. Porque la medida no solo afecta a aquellos que se hayan incorporado recientemente o se vayan a incorporar en el futuro, que, cabe suponer, podrían conocer el percal con el que se trataba de vestir sus ocupaciones y responsabilidades, sino que la medida puede aplicarse con efectos retroactivos a personas que llevan seis, diez, doce años o toda una vida en la empresa o en el cargo.
No hace falta ser un lince o un malpensado para adivinar que tales decisiones se tomarán no ya en función de la profesionalidad o del valor que aporta el trabajador en cuestión al buen funcionamiento de la empresa, sino por otras razones. A saber: si pertenecen a la cuerda del administrador (gobierno) de turno y/o a la casta de los internos (los funcionarios de la casa, a los que unas oposiciones sui generis otorgaron derechos muchas veces injustificables socialmente).
O sea, esta medida servirá para eliminar sin costes a altos cargos provenientes de otra época, bien porque se les presuponga una vinculación ideológica ajena a los tiempos que corren o porque carezcan de pedigrí opositor, razón suficiente para que una parte significativa de los trabajadores (sus representantes, por ejemplo) les señalen como impuros e incluso se alegren por una expulsión tan lesiva.
Voy a plantear el caso de RTVE, que conozco bien.
Hace ahora cinco años pedí a varios profesionales de la radio y la televisión privada que se incorporaran a determinados puestos en RTVE. Ellos y yo pensamos que podíamos contribuir al desarrollo de un modelo de radiotelevisión publica estimulante, al que podíamos aportar nuestra profesionalidad y, en el caso de las personas a las que invité a sumarse al proyecto, algo impagable en esos territorios: su capacidad de gestión, su contrastada trayectoria de rigor y eficiencia, y su compromiso con la transformación de los procesos de producción para alcanzar un servicio público exigente en cuanto a los objetivos y asumible respecto de los costes; es decir, personas que pudieran desarrollar una tarea al servicio de los ciudadanos tanto desde la perspectiva de los contenidos como desde la de los costes, asunto este no siempre atendido en el sector publico.
La propuesta les pareció atractiva y, de hecho, renunciaron a los derechos acumulados en sus anteriores empleos a cambio, en el mejor de los supuestos, de una retribución muy similar a la que ya disfrutaban.
Asumíamos que, pese a todo, nuestro empleo no sería vitalicio y que, en buena lógica, se limitaría a los seis años de mandato del presidente de la Corporación. Ni nos planteamos defender argumentos difícilmente rebatibles (como que nada legitima más a un trabajador que su propia actividad y su eficiencia), porque los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía y porque en ese empeño los responsables políticos y la presentantes sindicales tienen muy interioridad el concepto de casta. Llegado el momento nos quedaría la opción de recibir la indemnización correspondiente, pasar por el desempleo y buscar otra opción profesional que, a medida que transcurren la años, cada vez suele ser más problemática.
Pues bien, a estas personas se les puede negar ser ese derecho, básico para afrontar, máxime en estos tiempos que corren, un porvenir incierto. Podrán ser despedidos con una indemnización próxima a una mensualidad y media, tras cinco años de trabajo. Habrán sido avasallados.
No basta con decir que otros están aun peor, que es verdad, porque cada despropósito no sirve para compensar el anterior sino para sumarse a él. Y porque, además, en este caso, a la vista del panorama político, del absoluto control de todas las administraciones y, en consecuencia, de todas las empresas publicas, cabe suponer una intencionalidad: la masiva renovación de cargos va a ser gratis. Quienes lo han decidido, no lo habrían aceptado para ellos mismos. Por eso, esta medida me parece más propia de una limpieza étnica que de una reforma laboral. No se discute el derecho a cambiar a los altos cargos sino el de hacerlo despreciando sus derechos.
Lo siento, amigos. No pude imaginarlo. Entonces queríamos mirar al futuro con el deseo de hacerlo mejor. No conseguimos realizar la transformación de la radiotelevisión pública que deseábamos (la queríamos más radical y en profundidad), pero actuamos siempre con respeto a quienes defendían los intereses de todos. Es lo que tiene. No todos juegan igual del limpio. Aunque hagan limpiezas…
Había guardado este borrador tras la lectura de la reforma laboral, porque allí se hablaba fundamentalmente de presidente o consejeros. Ahora, cuando acabo de conocer el real decreto 541/2012, de 5 de marzo, sobre el régimen directivo del personal directivo del sector público en el ámbito empresarial, he decidido ratificarlo y publicarlo. Tenía razón. Este gobierno ha decidido corroborar los peores pensamientos. ¿A dónde huimos?
