En menos de una semana un tribunal de la Audiencia Nacional se contradice de manera categórica. Aplica un criterio para excarcelar a un terrorista y aplica otro para revocar aquella decisión. Se excusa con una sentencia del Tribunal Supremo conocida en medio de ambas resoluciones. Sin embargo, esta sentencia ratificaba lo establecido, hace catorce meses, por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
¿Entonces? Nada, se ha beneficiado un terrorista de pro. No se llamaba Garzón.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anda a la gresca por el caso que pretende condenar a un juez (éste sí se llama Garzón) y, en consecuencia, puede exculpar –o aminorar la pena– a una banda de delincuentes.
Las hordas populares gritan, gesticulan, amenazan: les da lo mismo que sea por cuenta de Troitiño o de Garzón, por culpa de un asesino en serie o de alguien que lucha contra la corrupción. ¡Qué más da! Por si la confusión pudiera resultar insuficiente, la turba vocinglera culpa al gobierno.
El terrorista campa a sus anchas, el juez sufre el asedio, el gobierno parpadea, la oposición disfruta. No hay quien lo entienda.
