La infanta Cristina se adelanta a la petición del juez y apoquina los 587.000 euros que pidió el fiscal o, si se prefiere, los 587.000 euros que se benefició “a título lucrativo” de los choriceos familiares. Es decir, que la infanta, asesorada para que no vaya a juicio ni, menos aún, a chirona, ha aceptado que, aun sin enterarse, se lo llevó crudo y que más vale el “¡virgencita, virgencita, que me quede como estoy!” que arriesgarse a defender su inocencia. Por algo será.
En el fondo, estas soluciones implican, si no una autoinculpación, sí, al menos, un reconocimiento de culpabilidad. Y eso, en este caso, el de la familia real, sonroja a todo el país o, al menos, a todo el que se crea representado por ella. ¿Qué debería hacer? Quizás nada, porque todo lo que se les pueda ocurrir sería insuficiente.
¿Nadie se enteró de lo que pasaba?
¿Cuánto han ganado para soltar esta pasta a tocateja, sabiendo que en breve habrá que abonar mucho más?
¿Quién ha pagado?
Mejor no seguir. Definitivamente, cualquier cosa que se les ocurriera sería insuficiente. O cualquiera menos una –para que no me tengan por populista o radical, que no lo podría soportar.
¿A ellos les da igual reconocerse culpables?
¿O se trata, sencillamente, de un acto de generosidad? (Ver el diario de ayer)
