
José Luis Ábalos no solo «desavala» al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE sino que le pone en la picota o, si se prefiere, contra la pared. O sea, en el disparadero.
José Luis Ábalos fue persona de la máxima confianza del Pedro Sánchez en el PSOE: secretario de organización, es decir, jefe de personal de toda la militancia (incluida la dirigencia) del partido. Y de la máxima confianza de Pedro Sánchez en el Gobierno: ministro de Fomento, primero, y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el Gobierno, consecutivamente, pero después.
Los informes policiales sobre las actuaciones de José Luis Ábalos tienen un responsable directo: el interesado. Pero afectan también a quien lo nombró y lo mantuvo como persona de la máxima confianza. Pedro Sánchez no tiene más escapatoria que la desimputación de Ábalos, poco previsible, o la denuncia sistemática a la oposición popular, porque ella misma ha mantenido incólumes a numerosos y cualificados altos cargos enfangados hasta las cejas en redes corruptas.
La primera vía –la desimputación– requeriría, en el mejor de los casos, un plazo muy largo, inasumible desde el punto de vista ciudadano. La segunda, que suele ser la habitual en estos casos, implica la reactivación al máximo del ventilador de excrecencias políticas.
No cabe mirar hacia otro lado o acordarse del apuntador. ¿Qué hizo Sánchez cuando se puso sobre la mesa que el más cercano colaborador del propio Ábalos había traficado con vacunas de la covid y andaba involucrado en asuntos oscuros aprovechando su cercanía con el ministro? Expulsar a Ábalos del Partido y del grupo parlamentario; es decir, todo lo que estaba a su alcance. ¿Entonces, ahora?
Hay decisiones que, más allá de la responsabilidad penal, implican una responsabilidad pública o política y, por ello, fijan los límites de la actividad de los representantes de la ciudadanía. Y debe ser así porque el presidente del Gobierno, al constituir sus órganos ejecutivos, se convierte en avalista de la gestión política, tanto en sus aciertos como en sus defectos, de sus colaboradores más directos.
Solo un amplio respaldo social –una moción de confianza o unas nuevas elecciones– podrían evitar una salida abrupta. Pero la realidad y la experiencia se imponen: en ningún caso se llegará a la dimisión del máximo responsable ni a la ratificación parlamentaria. La realidad cabalga a otro ritmo y otros procedimientos.
En el principio del caso de Ábalos, el PSOE actuó con aparente contundencia, tratando de sacar fuera de su ámbito al que fue designado por las más altas instancias del partido y del gobierno; es decir, Pedro Sánchez. Ábalos fue destituido, retirado de militancia y aparcado en el Grupo Mixto, porque el escaño parlamentario lo adjudican los ciudadanos en los procesos electorales.
Sin embargo, las nuevas informaciones publicadas, de apariencia difícilmente rebatible, obligan a decisiones sin pausa. ¿Quién puede impelir a tomar las medidas más enérgicas? ¿El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE? ¿La oposición parlamentaria?
Ahí surge el gran dilema: ¿Acaso la oposición con mayor representación en el Parlamento está legitimada para reclamar ese tipo de medidas? ¿Han actuado sus dirigentes de esa manera? En ese punto se recuerdan las mil y una tropelías ejecutadas por señorías muy relevantes de la oposición, incluidos algunos de sus máximos representantes históricos, que acumulan condenas por malversación o de otras índoles.
En última instancia, llegado el caso que en estos momentos se plantea –la dimisión del presidente y la elevación del líder opositor a la presidencia del Gobierno–, ¿podría Alberto Núñez Feijoo jurar su cargo con aire Marcial o se vería acompañado para siempre por la sombra de Dorado? Regreso al pasado.
Así pues, volvemos a la realidad: al fango.




