Los máximos dirigentes de Podemos se liaron en un proyecto familiar y acabaron comprando, mediante una hipoteca de 540.000 euros a 30 años vista, una vivienda que impresiona a los colegas del barrio e indigna aparentemente a sus rivales políticos, muchos de ellos ya adosados a viviendas de similares o superiores condiciones. El lío está llamado a dejar huellas e incluso heridas en el propio bando, por más que el cinismo e incluso la indecencia de sus detractores esté fuera de cualquier duda. El símbolo del chalet de 2.000 metros cuadrados, con piscina y residencia de invitados, escuece entre quienes, pensando que las condiciones económicas determinan la propia ideología, creyeron que eso les obligaba, si no al voto de pobreza, a la defensa de una actitud franciscana más demagógica que solidaria[1].
Pablo Iglesias e Irene Montero no han cometido ninguna ilegalidad y, que se haya podido asegurar, tampoco han incurrido en algún tipo de corruptela o trato de favor. Sin embargo, su decisión, privada, estaba abocada a una interpretación pública y política. No lo podían ignorar. Nadie puede rebatir su derecho a una decisión como la adoptada, pero a nadie se le podía escapar su repercusión. Para colmo, someter al voto de las bases del partido su continuidad en los puestos que ostentan, más allá de su carácter demagógico y de la presumible victoria apabullante del sí, han transformado la cuestión íntima en un debate ideológico y eminentemente político con repercusiones obvias. Tal vez por ello ese debate se antoja, más que necesario o inconveniente –que hay razones para ambas posiciones–, provechoso.
La adquisición de la villa campestre parece absolutamente acorde a derecho. Nada que reprochar desde posiciones divergentes. Solo pueden discutirla quienes pensaban que las decisiones privadas se deben someter a la ley –por supuesto– y también a unos valores éticos superiores, aún a sabiendas de que ese paso todo lo enturbia. Los juicios que sobrevuelan a la racionalidad y al consenso social –incluso, en un sentido muy amplio, a la laicidad que debe regular la convivencia– y se adentran en territorios más testimoniales, cuasi religiosos, terminan enfangados. El problema radica en que, dado aquel paso, más allá de la contradicción, ya no cabe rectificación; por el contrario se incrementa el dolor y, en términos políticos, los costes.
Desde esta perspectiva, el caso concreto de la mansión Iglesias-Montero repercute y contraviene simultáneamente en y sobre todas aquellas cuestiones que reclaman la virtud por encima del derecho o la norma socialmente reconocida.
Por eso este caso puede tener algo provechoso: el cinismo de muchos no se resuelve ni se compensa con apelaciones a la pureza, que puede ser, y de hecho es, un arma de destrucción masiva. Es necesario reconocer que la ética política se escribe con leyes. Y ese principio no puede ser objeto de consulta popular.
[1] Por eso proclaman, en línea con su austeridad ejemplar, que solo perciben el triple del salario mínimo y no el que corresponde a su cargo público, cuando en realidad cobran el sueldo íntegro de cargo público. Lo que luego hagan con el es asunto de los perceptores: si se lo entregan a sus padres, a una asociación caritativa, a una sociedad de cazadores o al propio partido. Los ciudadanos (todos, ricos y pobres; o mejor, más pobres que ricos, porque así funciona la hacienda pública) no se ahorran con ellos ni un euro. Por eso, “más demagógica que solidaria”.
