Cuestión de límites

Buena parte de las decisiones que reclama una realidad tan compleja y contradictoria como la que vivimos nos sitúan ante una Cuestión de Límites. No se trata de líneas rojas inflexibles y preestablecidas ajustadas a un código normativo irreversible, sino de la necesidad de adaptarse a la realidad y a sus circunstancias para tomar decisiones que, sin alcanzar los objetivos propios, permitan transformar en alguna medida –“un poco más, algo menos”, en palabras de Antonio Machado– el marco de nuestra convivencia.

Esa Cuestión de Límites puede servir para asuntos y situaciones numerosas y diversas. Afecta al voto los ciudadanos cada vez que afrontan su participación en unas elecciones o a la deliberación de unos padres cuando deben decidir el colegio más adecuado para sus hijos. En uno u otro caso, y en muchos más, la decisión debe situarse dentro de unos márgenes concretos: los partidos que concurren a las elecciones o los centros educativos implantados en el entorno donde la familia reside.

El planteamiento adquiere mayor contundencia cuando se trata de decisiones colectivas: si un ciudadano afronta dudas cada jornada electoral, no cabe imaginar los conflictos que se podrían producir si el voto, en vez de personal, fuera familiar. Este caso puede ser en sí mismo un disparate, pero ayuda a situar la reflexión en el entorno en que surge: la ratificación de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional acordados por PP, PSOE e IU.

Tras años de obstrucción por parte de los populares a cualquier renovación pendiente de los órganos constitucionales, bajo el falaz argumento de exigir previamente un sistema de elección al margen de los representantes políticos, surge una vía de negociación para cuatro de los órganos enquistados; todos, menos el Consejo General del Poder Judicial. Una vía, con una doble condición: no se modificarán las cuotas que, en función de los resultados electorales se han ido repartiendo los principales partidos políticos, y las partes se comprometen a ratificar en el Parlamento a los candidatos propuestos por cada una de ellas. Así se hizo, sin posibilidad de veto a los nombres impuestos por cada parte; cuestión sine qua non, línea roja, viaje sin normas de circulación ni limitación de velocidad.

Y así se hizo. El PP impuso a dos juristas de larga trayectoria profesional afines a las tesis más conservadoras y, al menos uno de ellos, con abundantes signos –corrupción, partidismo, tráfico de influencias…– descalificatorios para un mero funcionario publico. No había marcha atrás. El paso siguiente quedaba en manos del Pleno del Congreso.

¿Por qué se aceptaron esos términos en la negociación? ¿Era una absoluta prioridad, sin matices, la renovación del Tribunal Constitucional? ¿Era necesario o conveniente asumir los riesgos o es que no los previeron? ¿Hasta donde llegar? Cuestión de límites.

Y ahora, después de todo lo que la sociedad ha conocido sobre la catadura profesional y moral de Enrique Arnaldo, ¿los diputados estaban obligados a votar lo “negociado” por los tres partidos intervinientes en la farsa seleccionadora? La respuesta legal es no. ¿Están obligados entonces, ética o políticamente, a ser fieles a sus principios personales o al criterio de su partido? ¿Deben asumir las contradicciones en aras de una supuesta eficacia o un interés superior? ¿Dónde se fijan los términos de una negociación que deberá ratificar un colectivo mucho más numeroso? ¿Dónde empieza la distinción entre lo personal y lo colectivo? ¿Dónde se sitúan las responsabilidades éticas y las políticas? Cuestión de Limites.

En la practica, cuando llegue el momento, la mayoría de los partidos ajenos al acuerdo negociado elegirá la abstención o el rechazo. En este caso la “gobernabilidad” de algunas de las principales instituciones del Estado les sobrepasa, con la seguridad de que el pacto cuenta de salida con una mayoría (PP, PSOE y UP) mucho más que suficiente. Pero eso es mera táctica. ¿Actuarían de la misma manera si su voto fuera decisivo? ¿Cómo compatibilizarían  entonces, su actitud y su voto? Cuestión de Limites.

Más allá de los principios, sus consecuencias.

El PP saldrá vitoreado por haber impuesto contra toda lógica su poder aun estando en manifiesta minoría. Aplausos de un electorado sin matices.

El PSOE asumirá, porque ya llega entrenado, los costes de un pacto que, a su juicio –o eso podrá aducir–, reporta beneficios institucionales más duraderos, a sabiendas de que buena parte de sus votantes e incluso de sus dirigentes tendrán que echar mano de la pinza en la nariz para sobreponerse al olor, aunque no a la vergüenza. ¿Durante cuánto tiempo y en cuántas ocasiones el desprestigio de la pinza nasal perseguirá a su formación?

Unidas Podemos necesitará pinzas reforzadas: no podrá entrar en el debate de principios, porque la designación contradice de hoz y coz sus propios postulados. Tal vez, pretendan justificarse minusvalorando la influencia de los nuevos magistrados populares –más que conservadores– en el Supremo, dadas las previsibles impugnaciones a que se verán sometidos a corto plazo. Mal remedio. ¿Para estoy hacía falta abolir el bipartidismo? ¿Por qué es tan contagioso el virus de la casta? ¿Basta un cargo para despreciar un compromiso?

Tras haber hecho de sus principios un sayo, ¿el PP seguirá reclamando que los cargos judiciales sean de elección directa de los jueces? Después de haberse pasado por el forro –puro eufemismo– su machacona insistencia en tales propuestas, ahora queda claro que, cuando esos puestos los deciden ellos, nada hay objetable. Queda en evidencia la falacia de sus argumentos. Pero no se deberá descartar mayor desfachatez: ¿argüirán un día que su comportamiento en este caso es el mejor ejemplo de que los partidos políticos deben quedar al margen de las elección de los cargos institucionales? ¿O son ellos los discapacitados para elegir cargos institucionales? No se puede hacer peor. Solo ha sido simple y pura desvergüenza.

Hay, al menos, otro implicado: ¿Cómo es posible que Enrique Arnaldo no haya desaparecido de la vida pública al saber que todos los españoles conocen sus chapuzas y su aprovechamiento del cargo público para beneficiarse, incluso económicamente, de las sentencias o de los actos que ha venido realizando durante años? Cuatro mil euros mensuales por trabajar, como mucho, un día a la semana en su puesto oficial, remunerado por el erario público, para dedicar el resto de los días a sacar dinero a cambio de favores fuera de lo conveniente e incluso de lo legal.

Ese es otro terreno. El de la política, el que centrará el debate público. Sin embargo, el asunto central es otro. Cuestión de Límites. ¿Hasta donde los principios deben flexibilizarse en aras de otros valores concretos? ¿Cuánta flexibilidad requiere la acción pública? ¿La defensa de las instituciones obliga a asumir procesos espurios? ¿Cuándo se puede aceptar con dignidad la pinza en la nariz? ¿Se puede sobrevivir sin ella en la sociedad actual? ¿Por qué la derecha no detecta el hedor o, al menos, no le repugna? Cuestión de límites.

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