Hace ya más de dos años, proclamé mi admiración hacia Roque Moreno, que acababa de renunciar a su cargo de portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Alicante.
No puedo hacer lo mismo con Daniel Fernández, diputado y secretario de organización del PSC, porque, habiendo renunciado al cargo del partido, no lo ha hecho del representativo.
En primer lugar, los hechos.
Roque Moreno recomendó, mediante una llamada telefónica a un empresario, al hijo y a la mujer de un amigo suyo, en difícil situación profesional, para que los ofreciera trabajo.
Daniel Fernández recomendó, mediante una llamada telefónica a una alcaldesa de su propio partido, a una antigua alto cargo de la Generalitat en paro tras la derrota del gobierno surgido de las anteriores elecciones, el tripartito.
A simple vista, una diferencia: en un caso se trataba de un empleo privado y, en el otro, público. Sin embargo, el empresario del primero aparecía vinculado a la red Gurtel y, aunque el concejal estuviera al margen de la misma, el Ayuntamiento al que pertenecía, no.
¿Esa diferencia justifica que ni la policía ni la justicia actuaran en el caso de Moreno y que la policía y la justicia actúen en el de Fernández? De ahí mis dudas sobre el reconocimiento que expresé al primero y la exigencia sin matices que se practica con el segundo.
Tras conocer en caso del concejal alicantino hablé sobre él con muchas personas. Los políticos, en particular, no entendían absolutamente nada: ni la relación entre la recomendación y la dimisión ni las motivaciones del ex–colega.
– ¡Hasta ahí podíamos llegar!. ¡¿Cómo que no se puede recomendar a alguien ante un empresario privado?!
Pero, entonces, por las mismas, ¿por qué penalizar (tal cual) la recomendación al puesto público si el acceso es transparente y los criterios de selección, claros y justificados? En el caso de Fernández cabe un matiz o dos: que los concursos de méritos en la administración o la empresa pública suelen ser un trágala y que el era persona con mucho poder de «persuasión», el que suele tener un secretario de organización. Volvemos a la pregunta clásica: ¿dónde estriba el problema: en el que recomienda o en el que acepta la recomendación?
Explicaba en aquel artículo de antaño que “de aplicarse los criterios éticos de Moreno, la Comunidad Valenciana podría quedar huérfana de cargos públicos. Y no se me ocurre a dónde habría que acudir para conseguir, siquiera, una reducida comisión gestora”.
Ahora tendría que añadir que, de aplicarse los criterios éticos y/o legales que se utilizan en el caso de Fernández, España “podría quedar huérfana de cargos públicos. Y no se me ocurre a dónde habría que acudir para conseguir, siquiera, una reducida comisión gestora”.
Todos los políticos con los que hablé en aquella ocasión se hicieron cruces por la decisión de Moreno, lo que revelaba sus propios principios éticos. Y aún más, todos los políticos que conozco, y son muchos, no pasarían la prueba de ese algodón.
Aún peor, apenas deben existir dos o tres ciudadanos que consideren que la recomendación es per se detestable y punible.
¿Entonces?
¿Recuerdo los ejemplos que aduje en aquel comentario de hace dos años?
Añado otro.
Un amigo de la familia despotricaba a todas horas contra el alcalde de una ciudad de provincias por la cantidad de amigos y conocidos que había incorporado al Ayuntamiento, por su elevado tren de vida, por las fincas que había incorporado a su patrimonio y más. Los hechos eran falsos de toda falsedad, salvo la contratación de algunos cargos de confianza; creo recordar que tres.
Ese amigo de la familia acudió reiteradamente a la ídem para que yo mismo –me suponía con acceso e influencia ante el corregidor– procurase que un hijo suyo fuera contratado en el municipio. Según él y sus familiares (e incluso en alguno de los míos) no había contradicción en su doble moral. Recomendar estaba bien, contratar estaba mal.
– Pues vaya manera de hacer el gilipollas.
Tras esta reflexión, me encuentro en un dilema: o retirar la admiración a Roque Moreno o darle la razón a Daniel Fernández; es decir, o reconocer que lo hecho por el primero era la mínima consecuencia de una anomalía punible (o cuasi delictiva) o entender la acción del segundo como un comportamiento socialmente aceptado y tan solo criticable en el ámbito estricto de lo ético (y de una ética desconocida en la realidad privada y en las pública).
Personalmente, preferiría mantener la legítima admiración al que renunció a su cargo en el consistorio alicantino (a falta de más información de la que tuve) y matizar la presión sobre el que ha decidido mantenerse en su cargo parlamentario.
