Llamo por teléfono a la Oficina del Consumidor del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Salta un contestador que ofrece varias alternativas. Elijo la opción más general. Tras unos pocos intentos, el sistema me remite al directorio general. Vuelta a empezar con el mismo resultado. Y así varias veces. Desisto de seleccionar la llamada y me dispongo a esperar. Diez minutos después nadie ha cogido el teléfono. Vuelta la burra al trigo. Esta vez alguien me atiende: “Le paso con la OMIC”. Nadie responde. Pasado un tiempo la llamada vuelve al general del Ayuntamiento. Me repito y se repite la situación. Me reitero y se reitera. Me piden que no desespere. En la enésima oportunidad alguien descuelga el teléfono. Le explico que tan solo quería pedir cita previa para acudir a la OMIC, pero que me estoy planteando si hacer una reclamación contra la OMIC. Me explican que la OMIC no requiere cita previa, pero que no me pueden atender porque los funcionarios encargados están en un curso promovido por la Comunidad. Pero puedo ir cualquier lunes, martes o jueves… «¿Esta semana?”, pregunto. “Sí, claro. Bueno, casi mejor, la próxima, porque estos días los tienen complicados”.
Pasa la semana. Acudo a las dependencias de la OMIC. No hay nadie que me pueda atender en ese instante. Espero en el hall, donde por no haber no hay ni una silla donde aposentar la santa paciencia. Un cuarto de hora después entra al despacho que se supone de la OMIC una señora que, al poco, sale a preguntar quién está a la espera. Obviamente, yo- No había nadie más en la sala. Me tranquiliza: “Le atiendo yo, porque la persona encargada de la oficina no está y no sabemos cuánto puede tardar. A ver si yo le puedo ayudar”. Se me ocurre preguntar si ella es la responsable de urbanismo o del servicio de recogida de basuras, pero me limito a presentar unos papeles donde salta a la vista que las facturas de gas y electricidad que me ha enviado Naturgy rozan el disparate: 700 euros por solo 12 días de consumo de gas. Me preguntan si he reclamado. Me pregunto para qué estoy allí. Me sugieren que es mejor que lo haya yo directamente con la compañía. Le sugiero que no hacen caso. Me responde que las compañías suelen responder. Estoy por largarme. “No hacen caso”, replico. “Es que si no se reclama…”, me replican. Insisto en hacerlo a través de la oficina. Me indican que en ese caso debo acudir al registro general del Ayuntamiento. No decaigo: “¿Debería cambiar de compañía?”. La funcionaria sigue en su afán constructivo: “¿Uy, uy, uy… De cambios, cuantos menos, mejor”. Le doy las gracias. Adiós.
En las próximas elecciones votaré a quien decida suprimir la oficina del consumidor. Están en juego la paciencia y hasta mi educación.
