La televisión pública ya no requiere una ley como la de 2006. Sin embargo, el PSOE ha corrido a la ventanilla del Parlamento para presentar, antes incluso de que se inicie el proceso de investidura para la formación del nuevo Gobierno, una proposición para recuperar íntegramente la Ley de la radio y la televisión pública estatal que revocó el gobierno del PP en 2012, recién llegado al poder.
De esta manera, el PSOE pretende volver a la RTVE que recuperó una parte del crédito y el valor público que merece una televisión financiada con el dinero de todos los ciudadanos; o dicho de otra manera, recuperar a toda prisa un símbolo de su gestión anterior. Sin embargo, lo que hace falta no es tanto reinstaurar una ley sino dotar a RTVE de medios, criterios y obligaciones que se mantengan en el tiempo y que la permitan desarrollarse por sí misma, con autonomía, para garantizar el derecho de los ciudadanos a la información, el entretenimiento y la participación en los asuntos colectivos a través de un medio realmente público.
Volver al pasado, sin más, carece de sentido. Aquel modelo conservaba algo que la nueva sociedad detesta: la politización. El objetivo ya no es la neutralidad que se atisbó en aquella época, bajo gobierno del PSOE, sino la autonomía necesaria de los medios públicos respecto del poder y de los criterios políticos. Aquel modelo no solo fue revocado por el gobierno posterior sino que ya había fracasado: los presidentes designados sufrieron el acoso de parte del gobierno y de la oposición por los cauces habituales y, en especial, a través de un consejo de administración que ejercía alternativamente de testaferro, de censor y hasta de inquisidor.
Aquella ley avaló el afán controlador y la asfixia económica de los órganos que actuaban como sucedáneos del poder político. Los presidentes murieron de depresión y lo que se tejió durante mucho tiempo se destejió en pocos meses. Aquella ley no quebró la dependencia política, sino que mantuvo por múltiples vías un sistema de dependencia del gobierno, de consultas obligatorias y vinculantes, de burocratización de la estructura empresarial, del desprecio de la eficiencia económica y social…
No hay que volver allí. Aunque lo que llegó después fue mucho peor, hoy ya no basta con mirar atrás. Hay que hacerlo hacia delante hasta encontrar otra fórmula más radical y definitiva (siquiera, por un tiempo). Y para eso no valen las prisas.
