¿Dónde estaba usted el 23F?

Aquel 23 de febrero me pilló en Madrid. Entonces vivía en Salamanca. Tenía cita con el asesor jurídico de El País, que se había ofrecido desinteresadamente para recurrir ante el Supremo una reciente sentencia de la Audiencia Territorial de Valladolid que me  condenaba por injurias al primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Salamanca.

El proceso judicial se derivaba de un reportaje publicado a finales de 1978 –o sea, antes de las primeras elecciones municipales democráticas– en Palenque, una revista vallisoletana en la que pretendíamos remover la información en aquel tiempo confuso. La dirección de la revista decidió titular el escrito de manera impactante: “Gánsters en la construcción en Salamanca”, decía. Más abajo se explicaba, entre otros asuntos, cómo el vicealcalde había adquirido unos terrenos al propio ayuntamiento a bajo precio y cómo había apartado a un ingeniero por desatender sus exigencias en algunas obras municipales. Mi principal  fuente de información era, nada menos, el asesor jurídico del propio ayuntamiento.

El juicio fue por muchos motivos inolvidable. Me sorprendieron –sentado solo en un banco alargado, solo, inerme– los gritos del fiscal y su rostro congestionado: “¡Qué han creído estos periodistas!, ¿que pueden decir lo que les dé la gana?, ¿quiénes son ellos?”, escupía. Luego me sorprendió mi propio letrado, el que me había asignado la empresa editora, al confundir a mis testigos: preguntó al ingeniero sobre la recalificación de los terrenos y al urbanista por la degradación a la que habían sometido al ingeniero jefe. Con aquella defensa podía darme por…

Y así fue. Me condenaron a pagar 500.000 pesetas de multa y a 750.000 de indemnización al teniente de alcalde. A los pocos días, otra sanción; mi abogado me amenazaba con reclamar por vía ejecutiva su minuta, porque la empresa que le había contratado se había negado a pagarla. Visto lo cual, para asegurarse el cobro, decidió asustar al más pardillo. Y acertó. Pagué. No recuerdo cómo.

Por eso acudí al asesor jurídico de El País, un periódico con el que colaboraba esporádicamente, para que me orientara en el recurso ante el Supremo. Entonces ya se habían celebrado las primeras elecciones democráticas y casualmente yo ejercía como director de comunicación del Ayuntamiento de Salamanca.

La sentencia se  apoyaba en que el concejal salmantino no había decidido la venta del terreno municipal, sino que lo había hecho la Comisión de urbanismo; o sea, la que casualmente el susodicho presidía. Y que el comprador no era el concejal sino una sociedad integrada por el propio concejal y su hermano suyo.

Desde mi nuevo puesto de trabajo en el Ayuntamiento había podido reunir algunos documentos inéditos. Uno muy significativo: el acta del acuerdo para la enajenación de los terrenos del litigio, firmada por el teniente de alcalde como representante municipal y por el mismo teniente de alcalde como receptor de la resolución, aunque bajo la rúbrica figurara el nombre de su socio y pariente (hermano).

Tenía motivos y argumentos para recurrir mi condena e incluso de acusar al denunciante de falsedad ene documento público. Al menos, para no sentirme tan pardillo.

Por eso tuve que acudir aquel 23F a Madrid, a la cita con el asesor de El País. Eran las cinco de la tarde. Concluyó diciéndome que el caso estaba más que claro y que me fuera tranquilo. Solo necesitaba un poder notarial que le acreditara como mi representante y… a esperar. “Mañana por la mañana me lo traes. Si no estoy, se lo dejas al conserje y yo estaré pendiente”. Ahí lo dejamos .

Al lado del despacho del abogado encontré una papelería. Para celebrar las buenas expectativas decidí darme un capricho, comprarme un boli, a los que soy adicto. Era una tienda pequeña y vacía. Tras el mostrador, una cortina ocultaba la trastienda. Bajo el cristal del mueble identifiqué un boli para el optimismo. Empezaba a impacientarme y decidí golpear el cristal con unas monedas. Al fin, irrumpió una señora mayor, alborotada, muy inquieta.

– ¡Ay, señor! ¡Que no sé qué ha pasado! En el Congreso… Han entrado unos militares. Han sonado tiros. ¡Ay, Dios mío!

No recuerdo si compré el boli o me fui directamente al coche a escuchar la radio. Así me enteré del 23F. Estuve parado, sin arrancar el Cuatrolatas, más de media hora. Perplejo.

Había quedado con una amiga. Le pedí que me esperara en su casa. Y allí continuó la escucha. Sin embargo, el novio de la amiga estaba viajando en tren para llegar ya anochecido a Madrid. Decidimos ir juntos a Atocha. Antes hablé con mi alcalde, con un amigo y, sobre todo, con mi padre. Había dejado a mi hija a su cargo.

– ¿Estáis bien? ¿La niña?

– Tranquilo. Hoy está mucho más segura conmigo que contigo.

Tenía razón. Desde Atocha acudimos a la Carrera de San Jerónimo. Observamos los movimientos de militares y policías, las luces del Palace convertido en sede de subsecretarios, las maniobras de los vehículos militares para eludir la creciente aglomeración de gente inquieta; también a José María García subido en una furgoneta. Volvimos a casa de la amiga, escuchamos al Rey, maldormimos.

Pese a todo, a la mañana siguiente acudimos al notario. Zona noble madrileña. Edificación nobiliaria. Gente muy aseada. Sin embargo, el ambiente se enturbiaba por momentos. Algunas voces desde algún despacho gritaban a favor de los golpistas, luego vinieron los insultos cuando se entrevió el fracaso del golpe… Afortunadamente, el poder lo había dejado completamente resuelto el abogado y, superada la espera, el trámite resultó rápido y sencillo.

Llegamos a tiempo de ver en un bar cómo abandonaban los guardiaciviles del Congreso. Alguno, por la ventana. Todos demacrados e inquietos. La gente que teníamos alrededor empezaba a respirar, pero no con sosiego. El susto nos duró mucho tiempo en el cuerpo. Incluso en el de la Guardia Civil.

APÉNDICE

Para quienes deseen saber cómo terminó aquella querella por injurias…

Tres años después del 23F, quise renovar mi pasaporte. Me lo negaron. Había una orden en los archivos policiales. Llamé al abogado de El País.

– Quedaste en dejarme un poder… No recurrimos. La condena es firme.

– Le dejé en poder al conserje, como me dijo. Usted no estaba.

– ¡Menudo día!

Me sumé a las víctimas del 23F.

Un mes después llegó a casa un correo certificado. Comunicaba que todo el expediente del caso había pasado de la Audiencia Territorial de Valladolid al Tribunal Supremo. Y que tenía quince días para presentar el recurso. Fue inútil. El alto Tribunal ratificó la sentencia. El 23F me pareció todavía vigente…

 

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